La Nueva Ley de Amparo

 

 

Este ordenamiento legal -que personalmente estimo es novedoso- originará una serie de cambios jurídicos y sociales, si se quiere, a mediano y largo plazo. Su razón de ser es, claro está, la imposición que por el Orden Internacional el Estado Mexicano hubo de acatar mediante la incorporación de los Derechos Humanos, como elementales prerrogativas de la persona, que habrán de hacerse respetar, a la par que las ya conocidas garantías individuales.

De este modo, la rapidez con que trascienden las cosas en los tiempos actuales y la consecuente globalización que existe en el mundo es lo que hizo incorporar, hasta la base Constitucional de México, el respeto a los mencionados Derechos Humanos.

Claro está, entonces, que el sinnúmero de relaciones sociales y comerciales que existen entre el resto del mundo y nuestro país, originó la necesidad de “voltear los ojos” a la necesidad del respeto de estos Derechos, en pro del bien de la humanidad.

La inercia del foro de abogados y aún de ciertas autoridades, sobre ventilar los juicios de garantías en la forma típica en que se venía haciendo, habrá de quedar superada en muchos de los aspectos que constituían costumbres no aptas para ventilar de la manera más leal y expedita, el juicio de garantías.

Y a nuestra manera de ver las cosas, la única forma efectiva de que se logren ver respetados aquellos Derechos, es precisamente que sean todas las autoridades de la Nación, sin excepción, las que habrán de atenderlos; por ello, aunque se trate de autoridades que en lo inmediato estén acostumbradas a aplicar la ley que rige su actuar, si advirtieran que su actuación envuelva el desconocimiento de algún Derecho Humano, actuarán dejando de lado aquella ley para respetar estos últimos.

Pues bien, partiendo de lo anterior y en lo particular, es que consideramos que la vigente Ley de Amparo contiene aspectos muy trascendentes en cuanto a fondo y forma.

Rapidez, efectividad, y transparencia, conjugados con la óptica de abarcar la mayor cantidad de entes y situaciones jurídicas, estimamos, son los principios en que se sustenta este novedoso ordenamiento legal. No omitiéndose precisar que, por lo mismo, llevará algún tiempo rebasar las problemáticas que su aplicación e interpretación origine.

De inicio, vemos con agrado el que su texto considere y adopte prácticamente a través de su nuevo articulado, la mayor parte de los criterios jurisprudenciales que en la Octava, Novena y Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había venido sosteniendo. ¿Qué mejor que la inclusión en un solo ordenamiento, de dichos criterios, para que el abogado pueda tenerlos presentes y a la mano, con la practicidad que ello conlleva?.

Así, en cuanto a la supletoriedad de la Ley, también consideramos es benéfico que se mencionen los “principios generales del Derecho” que deberá aplicar el juzgador de amparo, cuando no exista norma expresa alguna para resolver determinado conflicto o planteamiento en el trámite, resolución o ejecución del juicio de garantías. De esta manera, la laguna podrá colmarse satisfactoriamente, si es que el Código Federal de Procedimientos Civiles tampoco abone a ello, en primera instancia.

Por su parte, surgen cambios considerables en cuanto a quiénes intervendrán como parte en el juicio de garantías: El quejoso podrá ser quien cuente, sino con un interés jurídico que se agravie de forma “personal y directa”, si con un interés legítimo; e inclusive, podrá darse esto de forma individual o colectiva.

La autoridad responsable, además de aquellas que típicamente conocemos son las que emiten, ejecutan o tratan de ejecutar el acto reclamado; también podrá actualizarse por el proceder de las personas que, al regirse por una norma jurídica, ocasionen lesión al quejoso. En lo personal, creemos que no serán pocos los abogados que, pudiendo incurrir en una mala interpretación de esta situación, intenten el juicio de garantías contra un particular, cuando en realidad sea una relación de índole distinta la que lo ligue a él (de asociación, contractual, etcétera).

La figura del “tercero interesado” se introduce con el fin de sustituir la antigua de “tercero perjudicado”, a efecto de comprender mayores situaciones que harán necesario escuchar en la resolución del juicio de amparo, a todos aquellos que puedan ligarse de algún modo a los actos reclamados del caso.

Sobre todo, lo anterior obedece a quienes se les relaciona con determinada resolución, que se protesten por el quejoso, en tratándose de amparos penales.

Por otro lado, con el fín de garantizar en todo momento la imparcialidad de quienes tramitan y resuelven los juicios de garantías, se amplían las causas de impedimento; aspecto que, de suyo, es totalmente aceptable y en beneficio del quejoso quien, aún en estos tiempos, muchas veces ni siquiera cae en cuenta de qué persona juzgará la violación de garantías que planteó con su demanda.

No omitimos decir que también se garantiza de forma muy conveniente el cumplimiento y respeto de las ejecutorias dictadas en amparo. Las autoridades responsables habrán de ser cuidadosas en su proceder. En la misma celeridad de ver resueltas las controversias entre particulares, surge la reglamentación del amparo directo adhesivo. Aún quien haya obtenido en la sentencia definitiva o resolución que concluyera un controvertido, deberá insistír en vía adhesiva ante el Tribunal Colegiado, para hacer persistir el sentido de lo resuelto.

En otro aspecto, además de las específicas variaciones que existen en materia de suspensión cuando se trata de amparo penal, las cuales tienden a que el peticionario acceda a su libertad sin demasiados requisitos; creemos sobre todo que, en este rubro de la medida suspensional, se originarán en la práctica situaciones muy interesantes que habrán de sortearse por los juzgadores de amparo, pues podrá acontecer, por ejemplo, que un individuo o colectividad pida amparo y se les otorgue una suspensión y, posteriormente, podrá otro individuo o colectividad presentar amparo y pedir la suspensión para efectos contrarios. Una situación así, estimamos, no está contemplada en su forma de solución dentro de la nueva ley; empero, creemos que el Juzgador habrá de atender al inicial pronunciamiento que se hubiere hecho en cuanto a los efectos de los actos reclamados y sobre los que actúen esas suspensiones, ponderando el interés social y orden público, e inclusive, el mayor o menor perjuicio que en uno y otro caso reciban esos aspectos.

De una manera muy personal, estimamos resulta loable la declaración de inconstitucionalidad de una norma que podrá realizar la Suprema Corte de Justicia; empero, no comprendemos la razón de peso jurídico para exceptuar de esta naturaleza de pronunciamientos, a las leyes fiscales. Como tampoco estimamos que los “Plenos de Circuito” contribuyan indudablemente a la certidumbre jurídica que se busca si, por el contrario, nos aleja más de la basta experiencia del Alto Tribunal del país cuando ha resuelto contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados, con obligatoriedad para todas las autoridades.

Con la novedad de incluirse expresamente en la ley la posibilidad de emplear la fuerza pública en el cumplimiento de las sentencias de amparo; consideramos que para la sociedad en general este nuevo ordenamiento trae aspectos muy positivos que sí resultarán efectivos para alcanzar la finalidad del respeto a los Derechos Humanos y garantías citados al inicio de este artículo, sin embargo, como todo producto del hombre, bien podrá ser mejorado en la medida en que pase el tiempo y, las experiencias que vivan los juzgadores de amparo, logren enriquecer los procedimientos que el Estado Mexicano, en todos los niveles de Gobierno, habrá de llevar adelante para que la sociedad conformada por el hombre alcance su finalidad: el bien común.

Lic. Oswaldo Salvador Sosa Serrano.

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